• Atender de manera oportuna y efectiva a los clientes de Liberty Seguros.
• Conocer y resolver de forma objetiva y gratuita las quejas que los clientes le presenten, relativas a un posible incumplimiento de las normas legales, contractuales o procedimientos internos que rigen la ejecución de los servicios o productos que ofrece o presta Liberty Seguros, o respecto de la calidad de los mismos.
• Actuar como conciliador entre los clientes y Liberty Seguros en los términos indicados en la ley 640 de 2010, salvo en controversias de naturaleza contencioso administrativo, laborales o reconocimiento de indemnizaciones conforme lo señala el artículo 7 del decreto 2281 de 2010 y en lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 1328 de 2009, por encontrarse fuera del conocimiento del Defensor.
• Ser vocero del consumidor financiero ante Liberty Seguros.
• Efectuar recomendaciones relacionadas con los servicios y la atención que se le da al cliente, quedando facultado para dirigir a los administradores o a su junta directiva propuestas y recomendaciones para mejorar y facilitar las relaciones con sus consumidores financieros, así como también emitir conceptos sobre contratos que haya revisado en su función de vocería.
• Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.

Los siguientes asuntos están por fuera del conocimiento y trámite del Defensor del consumidor financiero:

• Los que no correspondan o no estén directamente relacionados con el giro ordinario de las operaciones autorizadas a las entidades.
• Los concernientes al vínculo laboral entre Liberty Seguros y sus empleados o respecto de sus contratistas.
• Aquellos que se deriven de la condición de accionista de Liberty Seguros.
• Los relativos al reconocimiento de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, salvo en los aspectos relacionados con la calidad del servicio y en los trámites del reconocimiento de estas.
• Los que se refieren a cuestiones que se encuentran en trámite judicial o arbitral o hayan sido resueltas en estas vías.
• Aquellos que correspondan a la decisión sobre la prestación de un servicio o producto.
• Los que se refieren a hechos sucedidos con tres (3) años o más de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ante el Defensor.
• Aquella cuya cuantía, sumados todos los conceptos, superen los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su presentación.